Por Anahí Valdez
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno iniciaron investigaciones formales contra exservidores públicos por presunta complicidad en el acaparamiento y enriquecimiento ilícito a través de concesiones de transporte público.
El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó la existencia de expedientes abiertos tras detectar que administraciones anteriores permitieron que particulares concentraran hasta 500 permisos de operación cada uno.
En ese sentido, precisó que, por el momento, la identidad de los señalados permanecerá bajo reserva para garantizar la viabilidad jurídica de los casos.
La revisión técnica, encabezada por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), reveló un desfase en los registros estatales, pues de un padrón inicial de 37 mil unidades, la cifra real se ajustó a 24 mil 730 concesionarios.
A su vez, reportó que el sistema presentaba un abandono de más de una década, encontrando las siguientes irregularidades:
• Registros a nombre de personas fallecidas.
• Vehículos con vigencia técnica vencida.
• Adeudos históricos en pagos de derechos.
Tras el proceso de supervisión y la aplicación de la Revista Vehicular, solo 16 mil 514 unidades cumplieron con los estándares legales y operativos para circular en la entidad.
Pese a las investigaciones por corrupción, el Gobierno del Estado informó que mantendrá esquemas de regularización para los transportistas que deseen ponerse en orden, vinculando estos procesos a una estrategia de modernización del servicio.
“Nosotros estamos atendiendo, trabajando, atendiendo y resolviendo los temas de modernización en el transporte público”, concluyó.
