Por Jesús Ramos
La fiebre de los parquímetros es el nuevo negocio redondo de los alcaldes poblanos, un artilugio moderno para ordeñar a los automovilistas pretextando orden en la movilidad urbana.
En realidad, detrás del discurso técnico hay un aroma rancio a corrupción, moches y a millones de pesos que se escurren en las sombras de la discrecionalidad. Tomemos el caso de San Martín Texmelucan donde el alcalde Juan Manuel Alonso va a las michas con la empresa Iberparquin.
Sí, 50 y 50, como si el espacio público fuera propiedad privada de ambos. De enero a julio de este año la renta de cajones le generó más de 2.6 millones de pesos, sin que nadie sepa cuánto representa lo captado por multas, el rubro más jugoso del negocio escondido bajo la alfombra.
Pero si San Martín Texmelucan huele mal, San Pedro Cholula apesta. Su alcaldesa Tonantzin Fernández, entronizada en la narrativa del segundo piso de la 4T, reportó apenas 800 mil pesos de enero a agosto, cifra ridícula si se compara con municipios más pequeños que recaudan tres o cuatro veces más.
¿Dónde quedó el resto Tonantzin? Es misterio. Lo que sí es claro es que el ayuntamiento cholulteca también oculta el monto de las multas, como si ese dinero fuera secreto de Estado.
En Zacatlán, la alcaldesa Beatriz Sánchez no canta mal las rancheras. De enero a julio reunió casi 2 millones de pesos de parquímetros, de los cuales entregó el 39% a la empresa Cargomovil. Aceptó haber aplicado 1,564 multas, pero ocultó la suma representada en dinero, monto que podría ascender a los 6 millones.
Beatriz asegurará que lo invirtió en cosas lindas para la comunidad, infraestructura social, programas o servicios, diseño narrativo que imposibilita a los ciudadanos seguir el rastro del dinero, el sitio donde quedó la bolita.
Y así, sin reglas claras ni regulación estatal o federal, los parquímetros se transformaron en el negocio perfecto. Cobran a los ciudadanos por estacionarse con el riesgo de robos en la vía pública, reparten los ingresos con empresas privadas y esconden las multas.
Los ayuntamientos justifican el saqueo con discursos de modernidad y orden urbano, pero los números y la opacidad los delatan. El Congreso del Estado y la Secretaría de Movilidad observan en silencio, quizá porque en ese silencio también hay beneficios. Puebla carece de reglas transparentes en la captación y uso de esos recursos. Ese dinero puede ir a cualquier parte, incluso a cuentas personales de primeros o terceros. @analisistv
