Por Anahí Valdez
El Gobierno de Puebla y las Fuerzas Armadas asumirán la revisión operativa del Centro de Reinserción Social de San Miguel y de la red penitenciaria estatal, tras confirmarse que los bloqueos viales en ocho puntos de la zona metropolitana fueron ejecutados por un grupo armado contratado por un lapso de dos horas.
Durante una entrevista, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que durante la sesión de la Mesa de Paz —con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Comisión de Inteligencia de la Federación— se acordó una fiscalización integral a los centros de reclusión.
Un grupo armado contratado por dos horas fueron los responsables del bloqueo en 8 puntos de Puebla, acusó el gobernador Alejandro Armenta.
Asimismo, adelantó que reubicarán a los personas señaladas por cobro de piso e investigarán al director Penal de San Miguel, Jorge Ortiz Delgadillo.
— AnálisisTv (@AnalisisTVPlus) November 11, 2026
La determinación responde a los eventos registrados de manera simultánea y, que presuntamente, estuvieron a cargo de personas con armas de fuego y pasamontañas, que declinaron entablar diálogo con la Secretaría de Gobernación y se retiraron de forma coordinada al concluir el tiempo pactado de contratación.
«Es muy raro. Fue sincronizado (…) Tenemos muy claro quiénes están detrás de ello», declaró el mandatario estatal, al precisar que los mandos de inteligencia mantienen la rastreabilidad de los autores intelectuales de la movilización.
Como primera instrucción ejecutiva, el Estado inició la evaluación técnica para el traslado a centros de máxima seguridad de dos personas privadas de la libertad catalogadas como de alta peligrosidad, a quienes se atribuye la operación de esquemas de extorsión y cobro de piso dentro de San Miguel.
Paralelamente, las autoridades abrieron una línea de investigación sobre el desempeño del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas o penales por la presunta omisión en la contención de actividades ilícitas dentro del establecimiento.
Los cierres de tráfico generados el pasado martes se realizaron bajo la premisa de inconformidades de presuntos familiares de internos; sin embargo, las investigaciones estatales y federales encauzan el origen del conflicto hacia la disputa por el control de la estructura interna del penal.
