Por Anahí Valdez
Un total de 315 servidores públicos han sido separados de sus cargos en la administración pública estatal, como resultado de procedimientos administrativos por omisiones laborales y faltas graves cometidas entre enero de 2025 y octubre de 2026.
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, informó que en dicho periodo la dependencia emitió 48 resoluciones sancionatorias.
De este grupo, 18 casos concluyeron en destitución, de los cuales 14 sumaron la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos. El balance operativo incluye 27 amonestaciones privadas, tres suspensiones temporales y dos órdenes de reintegro de patrimonio estatal.
🚨 ¡315 servidores públicos fueron separados de sus cargos! Entre 2025 y 2026, la Secretaría de Anticorrupción turnó 59 faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa, de las cuales derivaron 13 sanciones.
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— AnálisisTv (@AnalisisTVPlus) November 9, 2026
Asimismo, la secretaría remitió 59 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para la sustanciación de faltas administrativas graves. La numeralia del organismo fiscalizador detalla que 25 investigaciones corresponden a desvío de recursos públicos y 22 a abuso de funciones.
Como resultado de estos envíos, el TJA emitió 13 sanciones definitivas en el transcurso de 2026.
Las causas de rescisión laboral varían según la dependencia. En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), las bajas respondieron a inasistencias, detenciones al margen de la ley, desempeño bajo los efectos del alcohol, cobro de dádivas, presentación de documentación apócrifa y agresiones a personas privadas de la libertad.
En el sector educativo, las causales registradas corresponden a abandono del puesto, acoso y hostigamiento sexual, maltrato escolar, acoso laboral y falta de probidad.
Sobre las cifras presentadas, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que la estadística representa la separación de un funcionario público cada 48 horas.
El titular del Ejecutivo estatal afirmó que las irregularidades pueden presentarse en el ámbito público o privado, por lo que la función de la administración estatal se limita al procedimiento administrativo, dejando la persecución de delitos en manos de las autoridades ministeriales.
