La relación familiar entre el integrante del Cabildo y Olga Lucía Romero Garci-Crespo ya había provocado cuestionamientos públicos sobre nepotismo.
Por Patricia Rayón
Una fotografía de la pedida de matrimonio del regidor de Tehuacán, Armando Zavaleta Romero, comenzó a generar comentarios en redes sociales por el escenario elegido para el momento y su contraste con el principio de austeridad que promueve Morena, partido que actualmente dirige en Puebla su madre, Olga Lucía Romero Garci-Crespo.
En la imagen difundida se observa a Armando Zavaleta arrodillado y sosteniendo un anillo frente a su pareja, Andrea García, quien aparece con las manos sobre el rostro en una expresión de sorpresa. Ambos se encuentran aparentemente sobre una embarcación, con el mar y un yate al fondo.
Aunque la fotografía, por sí misma, no permite establecer el lugar ni el costo de la celebración, el episodio generó cuestionamientos en redes sobre la congruencia entre la vida privada de algunos integrantes del partido y el discurso de austeridad republicana, pues Morena ha incorporado este principio entre los lineamientos que exige a sus autoridades emanadas del partido, particularmente en lo relacionado con el ejercicio de los recursos públicos.
Armando Zavaleta es actualmente regidor de Educación y Deporte en el Ayuntamiento de Tehuacán, de acuerdo con el directorio oficial del gobierno municipal. Además, es hijo de Olga Lucía Romero Garci-Crespo, dirigente estatal de Morena, relación familiar que ya había provocado cuestionamientos públicos desde la integración del Cabildo en 2024.
En agosto de 2025, Olga Lucía Romero se pronunció públicamente contra el nepotismo y sostuvo que la política debía servir a la población y no a intereses familiares.
En ese contexto, medios locales como e-consulta señalaron que uno de sus hijos, Armando Zavaleta, ocupaba una regiduría en Tehuacán, mientras que su otro hijo, Francisco Javier Cuena Romero, era el juez de Registro Civil de la Secretaría de Gobernación.
Los cuestionamientos se concentraron, por tanto, en el terreno de la congruencia política y la percepción pública sobre la austeridad, pero las acusaciones sobre la utilización de recursos gubernamentales para pagar la pedida de mano deberán sustentarse con documentos, facturas, contratos u otra evidencia verificable.
