Puebla: periodistas bajo fuego

Por Carlos Clemente

El periodismo en Puebla se ha convertido en un oficio donde informar también implica calcular riesgos. La crítica ya no sólo provoca descalificaciones. Con mayor frecuencia provoca advertencias, intimidaciones y, en el peor de los casos, violencia letal.

Lo ocurrido en Huauchinango y el asesinato del comunicador Josué Martínez Contreras en San Martín Texmelucan son hechos distintos, pero envían una misma señal de alerta: cuando las amenazas se normalizan y la autoridad las minimiza, el siguiente paso puede ser irreversible.

En Huauchinango, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Zamir Manzur Varela, reaccionó con una preocupante intolerancia después de que medios de comunicación exhibieran una evidente contradicción: participar en una rodada por la seguridad vial sin portar casco.

Lejos de reconocer el error, decidió responder con un mensaje que inquietó al gremio periodístico. Dijo tener «muy bien ubicados» a quienes difundieron las críticas, recordó que la ley castiga a quien daña una imagen y, en tono de reclamo, reprochó los regalos que entregó por el Día de la Libertad de Expresión: «Así me agradecen».

Quizá algunos intenten minimizar esas expresiones. Sería un grave error.

En un país donde ejercer el periodismo implica vivir bajo presión permanente, ningún personaje con aspiraciones políticas debería utilizar un lenguaje que pueda interpretarse como intimidación.

La crítica pública no es un agravio personal. Es parte del escrutinio que cualquier persona que busca gobernar debe aprender a soportar.

Movimiento Ciudadano también tendría que preguntarse si ese es el perfil que pretende presentar a los ciudadanos. Porque quien se irrita por una fotografía incómoda cuando aún no tiene poder, difícilmente ofrecerá garantías de respeto a la libertad de expresión cuando lo tenga.

En San Martín Texmelucan, en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, ayer por la mañana fue asesinado Josué Martínez Contreras, director de un portal informativo y creador de contenido. Lo ejecutaron a balazos frente a su hijo de 13 años, a unos metros de su domicilio.

Hay un dato que debería sacudir a las autoridades: Josué había denunciado desde hacía seis meses que recibía amenazas. Dio nombres. Dio detalles. Nadie actuó.

Ayer esas amenazas se cumplieron.

Y esa es la parte más indignante.

La omisión del Estado también tiene consecuencias.

No basta con abrir carpetas de investigación cuando ya hay un cadáver. La obligación del Estado empieza mucho antes: cuando alguien pide protección y advierte que su vida está en peligro.

Las autoridades deben tomar con absoluta seriedad cualquier amenaza contra periodistas, venga de criminales, de funcionarios, de políticos o de quienes aspiran a serlo.

Cuando las advertencias se ignoran, el silencio institucional termina escribiendo la peor de las noticias.

Nuestra solidaridad con los colegas de Huauchinango y abrazamos en su dolor a familiares y amigos de Josué.  @analisistv