Por Carlos Clemente
En Puebla impera la complacencia y la indiferencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado ante denuncias y hechos en los que ciudadanos consideran que sus garantías son violadas por la autoridad.
Dos casos lo exhiben con claridad: la desaparición de la secundaria para niños sordos del CAM Jean Piaget, y la muerte en condiciones sospechosas de un interno en el penal de San Miguel.
En ambos, la CDH Puebla y su presidenta, Rosa Isela Sánchez Soya, han guardado un silencio cómplice. Como lo señalamos en este espacio el lunes pasado, se trata de un organismo que calla ante los abusos y es omiso frente a las injusticias.
En otras palabras: no hace su trabajo, pero le cuesta a los poblanos 57 millones de pesos al año. Sólo el sueldo de la presidenta asciende a 92 mil pesos mensuales.
En el primer caso, de manera arbitraria y sin previo aviso, fue cerrada la secundaria del CAM Jean Piaget —que atendía a 24 alumnos sordos— a partir de este ciclo escolar. La Dirección de Educación Especial de la SEP estatal no ofrece solución alguna: los canalizó a una escuela regular con USAER, pero sin maestros competentes en Lengua de Señas Mexicana.
Los padres de familia, preocupados por el cierre, solicitaron por escrito la intervención de la CDH Puebla. Hay un oficio con sello de recibido, fechado el 1 de septiembre. El silencio como respuesta.
Hoy, esos 24 alumnos sordos llevan más de un mes sin clases. Prácticamente perderán el ciclo escolar.
De ninguna manera exageramos cuando afirmamos que mantener una Comisión de Derechos Humanos en Puebla que no defiende los derechos humanos sale carísimo.
El segundo caso es igual de grave. La Fiscalía investiga la muerte de Arturo, un hombre recluido en el Cereso de San Miguel. Para las autoridades penitenciarias, murió de un infarto. Sin embargo, la necropsia del Instituto Forense, aplicada bajo el Protocolo de Minnesota, no confirmó esa versión.
Al revisar el cuerpo, se hallaron múltiples contusiones en tórax y cráneo.
Es decir, que la muerte de Arturo, ocurrida el pasado 5 de octubre, apenas 24 horas después de ingresar al penal, podría ser consecuencia de una brutal golpiza.
Y, otra vez, ni la Comisión ni su presidenta han dicho una palabra. Prefieren mirar hacia otro lado. Rosa Isela Sánchez Soya está más ocupada en actos sociales y políticos. Eso sí es lo suyo. @analisistv
