Por Carlos Clemente
La Contraloría Municipal de Puebla confirmó que será en enero de 2026 cuando se definan las responsabilidades administrativas por las anomalías en la gestión del exalcalde panista Eduardo Rivera Pérez y su suplente Adán Domínguez Sánchez. Ambos arrastran un faltante que no han logrado justificar: 387.6 millones de pesos del ejercicio 2023, entre obras públicas y gasto corriente que se esfumaron sin explicación.
Dicho sin rodeos: el gobierno municipal anterior dejó un boquete financiero que hoy nadie puede acreditar.
Faltan entregables, no existen soportes documentales, no aparecen los papeles que respalden contratos, pagos o supuestos avances de obra. Y lo más delicado: el plazo legal para solventar esas observaciones ya terminó. Rivera y Domínguez están formalmente en la ruta de la sanción.
No se trata de simples “detalles administrativos”, como suelen decir cuando sienten la lumbre cerca. Son 19 auditorías que encontraron inconsistencias graves en el manejo de los recursos públicos.
La mayoría —377.3 millones de pesos— están relacionados con 65 obras plagadas de irregularidades: pagos en exceso, contratos incompletos, documentación inexistente y procedimientos opacos. A ello se suman otras observaciones sobre recursos federales que siguen sin aclararse.
El mensaje es claro, el proceso sancionador debe alcanzar a quienes realmente tomaban decisiones, no a los empleados menores a los que, como siempre, intentarán cargarles el muerto.
Los responsables directos del daño al erario son Eduardo Rivera y Adán Domínguez. Ellos autorizaban, ellos daban las órdenes. Y ahora deberán responder.
Pero ya se sabe cómo se comportan cuando los descubren: los veremos tirándose al piso, gritando que son víctimas de persecución política, jurando que todo es un complot porque “les tienen miedo rumbo al 2027”.
La realidad es menos épica: el peso político del yunquismo en Puebla es similar al de un cacahuate rancio. Lo que hay aquí no es guerra electoral, es el retrato de un gobierno corrupto, opaco, torpe y con vicios nada cristianos para administrar dinero público.
La ley debe aplicarse con rigor. Ya basta de políticos que ven el presupuesto como caja chica, de funcionarios que prometen transparencia y luego desaparecen cientos de millones sin parpadear. Puebla no necesita mártires falsos; necesita cuentas claras y sanciones ejemplares. @analisistv
