Por Carlos Clemente
El poder, cuando se ejerce sin límites, deja cicatrices.
En Cuautempan sembró miedo. Hoy, quien fuera alcalde enfrenta cargos por secuestro exprés, extorsión agravada y delitos contra la salud.
No son acusaciones menores.
Sin embargo, salió del penal.
El juez de control de la región norte, Víctor Abraham Silva Saviñón López, determinó enviarlo a su domicilio por “razones de salud”. ¿La base? Dos recetas médicas y un estudio de 2021. El argumento central: una úlcera y la intolerancia a la comida del penal de Tehuacán.
Así, la prisión preventiva oficiosa se transformó en arraigo domiciliario con brazalete electrónico.
En audiencia, la parte acusadora advirtió que el estudio presentado no era reciente. Que se hizo pasar como actual. Que no acreditaba un deterioro grave. Aun así, el juez concedió el beneficio.
¿De verdad bastan documentos médicos cuestionables para salir de prisión cuando se trata de delitos de alto impacto?
Hay otros cuatro alcaldes detenidos en funciones que siguen en la cárcel. Ninguno ha obtenido ese trato. Cortés Caballero sí.
Después de nueve meses prófugo —fue detenido el 3 de febrero de 2026 en Tlaxcala— hoy enfrenta el proceso desde la comodidad de un domicilio en la ciudad de Puebla.
El contraste es inevitable.
Más aún cuando el gobernador Alejandro Armenta Mier exhortó públicamente al Poder Judicial a evitar la “puerta giratoria”.
Aquí la puerta no solo giró.
Se abrió.
En los pasillos políticos se habla de relaciones, de madrinazgos, de conexiones que pesan más que los expedientes.
En Puebla la justicia es selectiva y concede privilegios. @analisistv
