Por Carlos Clemente
La inoperancia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla no es un accidente ni una falla administrativa menor. Es una responsabilidad directa, clara y compartida por los diputados del Congreso local. Es, en esencia, un error de origen: haber designado al frente de un organismo clave para la defensa de las víctimas a un perfil que no tiene la preparación ni la experiencia que exige la magnitud del encargo.
La responsabilidad no recae únicamente en quien hoy ocupa la presidencia del organismo, Rosa Isela Sánchez Soya, sino en los legisladores que decidieron privilegiar afinidades políticas sobre capacidades técnicas, trayectoria y conocimiento probado en materia de derechos humanos. Cuando la designación se hace bajo criterios de conveniencia y no de mérito, el resultado es previsible.
Este caso confirma uno de los mayores riesgos de los órganos constitucionalmente autónomos en México: cuando su autonomía se pervierte y se convierte en un refugio cómodo para el poder político, pierden su razón de ser.
Puebla no es la excepción. El precedente nacional está a la vista, con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos alineada al Ejecutivo federal y desdibujada frente a las violaciones más graves.
Mientras la elección de titulares de los organismos siga respondiendo a intereses partidistas, no habrá defensa efectiva de los derechos humanos. Y las víctimas, como siempre, seguirán esperando justicia.
Los números son contundentes y no admiten interpretación: en 2025, la CDH Puebla emitió apenas 19 recomendaciones, la cifra más baja en los últimos siete años. De un total de 8 mil 563 quejas registradas, el organismo solo determinó la existencia de violaciones a derechos humanos en 19 casos, a días de concluir el año.
El contraste histórico es demoledor: en 2024 se emitieron 39 recomendaciones; en 2023, 41; en 2022, 32; en 2021, 40; en 2020, 27; y en 2019, 24. Incluso en plena pandemia hubo más resoluciones que en el año que está por cerrar.
La pregunta es: ¿qué ocurrió con las 690 quejas por hechos registrados en centros penitenciarios? Nada. ¿Y con las 356 quejas por desaparición de personas? Tampoco nada. Silencio institucional frente a algunas de las violaciones más graves.
La estructura interna del organismo tampoco ayuda: la CDH Puebla cuenta con apenas cuatro visitadores para una entidad con más de 6.6 millones de habitantes. Eso sí, tiene tres personas adscritas a la Dirección de Agenda y Relaciones Públicas, de acuerdo con su portal oficial.
Tras la presión mediática y de la oposición, finalmente este viernes Sánchez Soya acudirá ante comisiones del Congreso del Estado para entregar su informe de actividades, luego de haber cancelado su comparecencia previa y de anunciar que se presentaría hasta enero.
El informe se entregará, habrá discurso, pero no habrá preguntas. Ninguna. Cero cuestionamientos. Increíble.
Más vergonzoso aún es el papel de los diputados de Morena y aliados, encabezados por Pavel Gaspar Ramírez, al aceptar estas condiciones. No es prohibiendo las preguntas como van a demostrar que la Comisión “sí está trabajando”. Al contrario: solo terminan por exhibir, una vez más, la inoperancia del organismo y la incapacidad de su titular. @analisistv
Un comentario
The article rightly points to the responsibility of the local Congress in this situation—it’s concerning when a key human rights body is undermined from the start. I found some related discussion on the challenges of oversight mechanisms at https://tinyfun.io/game/my-fast-brainrot, which offered another perspective.