Anahí Valdez
El Gobierno del Estado de Puebla inició un proceso de seguimiento técnico y jurídico ante el incumplimiento de inversión de la concesionaria Agua de Puebla, la cual omitió la aplicación de 300 millones de pesos destinados a infraestructura hidráulica durante el ejercicio 2025.
De acuerdo con el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, la empresa no alcanzó las metas establecidas en el convenio modificatorio de la concesión firmado en abril de 2024.
Los datos fueron presentados tras la sesión del Consejo Consultivo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), donde se confirmó que el despliegue de capital se encuentra por debajo del 100 por ciento de lo pactado.
Respecto a la posible rescisión del contrato, el Ejecutivo estatal informó que la recuperación del servicio público demandaría un pago de 7 mil millones de pesos.
Debido al impacto que esta cifra representaría para las finanzas públicas, la administración ha optado por la vía de la fiscalización y la exigencia de cumplimiento del título de concesión mediante sanciones administrativas en caso de persistir las omisiones.
Como medida de mitigación ante el déficit en la red de suministro, el Estado confirmó la compra de 100 pipas para la zona metropolitana, con el objetivo de garantizar el abasto en sectores donde la infraestructura actual es insuficiente y evitar el escalamiento de tensiones sociales en las colonias afectadas.
El seguimiento de los acuerdos del convenio modificatorio continuará de forma permanente a través de las mesas de trabajo instaladas desde diciembre de 2024.
