El esquema de contrabando de diésel operó por dos años con permisos falsos; Sheinbaum reiteró que la FGR actuará “hasta donde tope” y sin excepciones
Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la investigación por el llamado huachicol fiscal detectado en la aduana de Tampico, Tamaulipas, llegará “tope hasta donde tope” y advirtió que no habrá impunidad para empresarios ni funcionarios involucrados.
En su conferencia matutina, la presidenta confirmó que tras la detención de 14 personas, las pesquisas continúan y reiteró que el objetivo es detener a todos los responsables. “Cero impunidad, tope hasta donde tope… ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad. Dijimos cero impunidad a la corrupción y esto es una muestra de ello”, subrayó.
La trama salió a la luz gracias al testimonio de Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la aduana de Tampico entre 2023 y 2025, quien se acogió a la figura de testigo protegido tras confesar que él permitió el desembarco de 14 buques cargados de combustible ilegal.
Según el medio Reforma, Torres Joaquín recibió al menos 24.5 millones de pesos en sobornos, de los cuales se quedaba con la mayor parte, dejando migajas a seis de sus subordinados. El dinero era entregado por medio del capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “NK”, hoy prófugo.
Milenio y Reforma coinciden en que la red estaba encabezada por los vicealmirantes Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías, conocidos como “Los Primos”, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Los sobornos se calculaban en 1.75 millones de pesos por cada barco que atracaba, con cargas de diésel disfrazadas como “aditivos lubricantes”.
El modus operandi consistía en utilizar permisos temporales de importación para introducir diésel, evitar el pago de impuestos y colocarlo después en gasolineras y flotillas. A su vez, Claudia Sheinbaum explicó que este esquema se asemeja a otras prácticas de evasión detectadas en mercancías distintas, como zapatos terminados.
“El delito era evidente, el permiso no correspondía y no se pagaban impuestos. Sin embargo, la investigación de quién y cómo están involucrados no se hace en un día; debe armarse con pruebas sólidas”, aclaró la presidenta.
El caso ya llegó a manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad, encargadas de las investigaciones. El fiscal Alejandro Gertz Manero recordó que fue el propio almirante Ojeda quien denunció irregularidades en la institución hace dos años, pidiendo investigar a todos los posibles implicados, incluidos sus familiares.
