Por Jesús Ramos
Las palabras pesan según quién las pronuncie. Y ayer que Alejandro Armenta pidió a los partidos no postular delincuentes rumbo al 2027, no hizo un llamado moral, fue una advertencia jurídica.
Ese problema existe, todos lo sabemos, “no den candidaturas a delincuentes porque el que sufre es el pueblo”, dijo el gobernador. Fue una frase breve, pero con la metralla necesaria para perforar las oficinas del PSI, PT, MC, PRI y PAN.
No hizo falta que citara nombres propios ni expedientes judiciales, tampoco fue necesario enumerar otra vez la geografía incómoda de Quecholac, Cuautempan, Serdán, San Nicolás Buenos Aires, Oriental, Venustiano Carranza y los 14 municipios con alcaldes investigados.
Se entendió que la advertencia fue para los líderes de esos partidos, además de Morena, pues en los últimos años han rayado en lo grotesco al momento de elegir abanderados asistidos por el crimen organizado.
En medio de los escándalos por sus detenciones resulta que la senadora petista Liz Sánchez no sabía, tampoco Delfina Pozos ni Nadia Navarro. El libreto es conocido, los criminales aportan dinero, estructura, pólvora y músculo, los partidos el registro, la legitimidad y el acceso a los territorios con todo y presupuesto.
Matrimonios perfectos hasta que la Fiscalía, marinos y militares llegan. Por eso la advertencia de Armenta tiene algo de ruptura con esa traición hipócrita. Distinto a otras elecciones, todo indica que en la ruta hacia el 2027 el gobernador dedicará tiempo, inteligencia, presupuesto y voluntad para investigar a quienes ambicionen alcaldías.
Los expedientes se revisarán conforme sepa nombres y antes de que los candidatos se registren. Eso cambia el tablero. La inseguridad no nace en los cuarteles de la policía, nace en primera instancia en los ayuntamientos. Ahí donde las organizaciones criminales encontraron el eslabón más débil del sistema político.
Financian campañas, luego gobiernan municipios, así se explica que en varios rincones del estado y del país los alcaldes no gobiernen para sus ciudadanos sino para quienes pagaron sus campañas y les ayudaron a triunfar.
De modo que si la estrategia del gobernador busca combatir la inseguridad desde la raíz política, los partidos deben hacer lo que nunca han querido, depurar sus candidaturas, no por ética, por recuperar la paz de pueblos enteros sometidos por criminales.
Si los partidos insisten en reciclar personajes de reputación turbia, la advertencia de Armenta podría convertirse en cosa distinta a un mensaje, sea esta investigación incómoda o detenciones cuando los abanderados hagan campaña o rindan protesta. @analisistv
