Por Carlos Clemente
Se confirma una de las tantas heridas que dejó el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta en las finanzas públicas: María Teresa Castro Corro, su poderosa secretaria de Finanzas, fue inhabilitada por 20 años y sancionada con 362 millones de pesos por el daño patrimonial causado al erario poblano tras la inversión fallida en Banco Accendo por 606 millones de pesos.
Una apuesta ruinosa, con dinero público, que terminó hundiendo a Puebla en pérdidas millonarias.
Castro Corro fue quien asesoró al fallecido mandatario en 2021 para depositar los recursos estatales en esa institución financiera… justo unos meses antes de que el banco fuera declarado en quiebra. Difícil creer que nadie lo advirtió. Imposible no pensar que lo sabían.
La Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial dictó sentencia: hay culpable. Pero el dinero, ese no regresa. Se fue como tantos otros millones en el sexenio de Barbosa: por el caño de la opacidad.
Fue el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina quien en marzo de 2023 ordenó una investigación, al detectar el hoyo financiero heredado. Hacer público el desfalco y auditar las cuentas barbosistas le valió la furia de la viuda y del círculo más cercano al exmandatario.
Pero el hecho es irrefutable: el barbosismo dejó un boquete en las finanzas estatales, una muestra de la forma en que se manejaron los recursos, con total opacidad, secrecía y al margen de la ley.
Y esta no fue la única apuesta con dinero del pueblo. Antes, la fórmula les había funcionado: inversiones, intereses, ganancias. Hasta que decidieron jugar una vez más y perdieron. No el dinero propio, claro, sino el de los poblanos.
Las pésimas decisiones financieras del barbosismo siguen pasando factura. Sólo se confirma lo sabíamos: tras el discurso moralista de Barbosa, había un gobierno tan corrupto igual o peor como los que juró combatir. @analisistv
