Anahí Valdez
A la administración de Alejandro Armenta Mier le costaría un monto de 22 mil millones de pesos echar abajo el contrato de concesión heredado por las cuatro líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
La cifra fue expuesta por el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, en rueda de prensa de este miércoles, quien calificó el entramado como un «Cártel de concesiones» y un esquema de «saqueo legalizado».
Señaló que los gobiernos panistas, a partir de 2013, diseñaron un sistema que comprometió el futuro financiero del estado a través de contratos onerosos y blindados legalmente.
El funcionario detalló que la concesión del metrobús, firmada en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosa, fue estructurada mediante figuras de inversión como los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y las Asociaciones Público Privadas (APP).
El objetivo de estos modelos, afirmó, fue disfrazar una deuda pública como obligaciones financieras privadas, ya que esta arquitectura legal es la que hoy obliga al estado a contemplar esta pago multimillonario.
García Parra extendió su crítica a la bancada legislativo de la época, acusando a la mayoría en el Congreso de haber «torcido la ley» para legalizar estos actos de corrupción y asegurar beneficios a empresas particulares.
Además, acusó que las voces críticas al actual ordenamiento del transporte son las mismas que en el pasado permitieron la gestación de estos esquemas, poniendo como ejemplo el caso de la concesión del servicio de agua potable a privados en 2013.
