Por Carlos Clemente
La Auditoría Superior del Estado (ASE) no es una oficina más dentro del organigrama público. No es una ventanilla administrativa ni una extensión decorativa del discurso anticorrupción. Es, o debería ser, uno de los pocos contrapesos reales frente al uso —y abuso— de los recursos públicos.
Su función va mucho más allá de revisar papeles. Fiscaliza la cuenta pública estatal y municipal; revisa ingresos, egresos, deuda y el manejo de fondos públicos con un objetivo claro: legalidad, eficiencia y transparencia.
En teoría, su trabajo debería incomodar al poder, encender alertas y obligar a corregir el rumbo cuando el dinero público se desvía.
También evalúa el desempeño gubernamental. No se trata solo de saber si se gastó, sino para qué se gastó y si ese gasto sirvió de algo. Si los programas cumplieron sus objetivos, si las políticas públicas funcionaron o si fueron solo simulación presupuestal para justificar discursos y campañas.
Otra de sus atribuciones clave es la investigación de faltas administrativas. Desde irregularidades menores hasta responsabilidades graves que pueden derivar en sanciones e incluso en denuncias penales.
Ahí radica su verdadera fuerza: en la capacidad de señalar, documentar y llevar ante la autoridad competente a quienes traicionan la confianza pública.
Pero todo ese andamiaje legal se diluye cuando la Auditoría carece de independencia. Cuando quien la encabeza llega no por mérito, trayectoria o solvencia técnica, sino por cuotas, lealtades políticas o acuerdos de coyuntura avalados desde el Congreso.
La LXII Legislatura no es un actor secundario, los diputados son corresponsables de esa decisión, tomada no con criterio institucional, sino apegada a una línea oficial que privilegia el control sobre la autonomía.
Una auditoría sometida es una auditoría inútil. Peor aún: se convierte en coartada institucional para encubrir abusos.
En Puebla, el debate no debería centrarse en nombres, sino en principios. La pregunta de fondo es si el poder está dispuesto a ser auditado de verdad o si solo busca a alguien que revise sin ver, investigue sin tocar y sancione solo cuando conviene.
Porque una Auditoría Superior sin autonomía no fiscaliza, apenas administra silencios. No combate la corrupción, la ordena. Y no protege al ciudadano, protege al poder.
Cuando el auditor nace comprometido, la rendición de cuentas muere antes de empezar y, una vez más, la legalidad se queda en el discurso. @analisistv
