Actual administración se deslinda de anomalías de Adán Domínguez; funge solo como «facilitador» ante la ASF

Por Luis Camacho

Tras revelarse dudas sobre el manejo de 63.5 millones de pesos durante la gestión de Adán Domínguez en el Ayuntamiento de Puebla, el titular de la Secretaría de Gobernación, Franco Rodríguez, enfatizó que la actual gestión no intervendrá en la defensa de los exfuncionarios.

En ese sentido, el funcionario municipal precisó que el rol de la administración actual se limita estrictamente a ser un conducto de información para las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Franco Rodríguez fue contundente al señalar que el proceso de solventación de la Cuenta Pública 2024 es responsabilidad de quienes ejercieron el gasto de los 63.5 millones detectados en fondos federales de Fortamun y Participaciones.

Explicó que la administración del presidente Pepe Chedraui tiene la obligación legal de entregar la documentación de los archivos municipales, pero que la justificación técnica y física de los recursos recae en la administración panista saliente.

“Nosotros no participamos en ello, damos las facilidades para solventar lo que tengan pertinente. En el caso del 2024, puede haber observaciones, pero están en un período todavía de sustentación de las mismas”, mencionó.

Este proceso de «facilitación» busca que la ASF cuente con todos los elementos para determinar si hubo un daño patrimonial o simplemente un descuido administrativo en dos rubros clave.

El primero de ellos tiene que ver con el vacío documental de 25.3 millones de pesos en licencias de software para la SSC que no tienen evidencia de entrega y la falta de registro de un vehículo del Instituto Municipal del Deporte y anomalías en el alumbrado público, que en conjunto suman 38.2 millones de pesos.

Franco Rodríguez recordó que las observaciones se encuentran en una etapa de solventación, lo que otorga a los exfuncionarios un plazo de 30 días para presentar las pruebas necesarias.

De no lograrlo, el caso escalará a procedimientos de responsabilidad administrativa o incluso acciones legales adicionales de la administración panista conforme lo dicte la normativa de la ASF.

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