Por Carlos Clemente
Cuatro años después de la emboscada en Coyomeapan, el mensaje institucional es brutal: no hubo justicia, no hubo responsables y tampoco hubo consecuencias políticas para quienes construyeron el clima de violencia en la Sierra Negra.
El Tribunal de Enjuiciamiento absolvió a los diez expolicías estatales acusados por el homicidio de Omar Herrera Raymundo, de apenas 15 años; Teófilo Barrera Herrera, de 24; y Marcelo Carrera Reyes, de 45 años, asesinados en mayo de 2022 en uno de los episodios más oscuros de violencia política contra pueblos originarios durante el primer gobierno estatal de Morena en Puebla.
La Fiscalía fue incapaz de acreditar la responsabilidad penal de los imputados. Así lo resolvieron los jueces. Y aunque jurídicamente la absolución descansa en la falta de pruebas, políticamente el fallo representa otra derrota vergonzosa del Estado frente a las comunidades indígenas.
Aquí no solamente fracasó una investigación. Fracasó todo el sistema. Fracasó la procuración de justicia. Fracasó el gobierno que prometió acabar con los abusos del poder.
Y fracasó Morena, que terminó tolerando en los hechos los mismos cacicazgos que juró combatir.
Coyomeapan nunca fue un conflicto menor. Fue la rebelión de un pueblo cansado de más de una década de control político de la familia Celestino Rosas, un grupo que convirtió al municipio en patrimonio familiar, heredando candidaturas, posiciones y poder bajo distintos colores partidistas.
En 2021, tras una elección fraudulenta, los pobladores rechazaron la imposición de Rodolfo García López, esposo de la hoy diputada local Araceli Celestino Rosas. La respuesta no fue diálogo. Fue persecución, hostigamiento y violencia.
Los campesinos denunciaron entonces que policías estatales y grupos armados ligados al cacicazgo operaban juntos en la región. Después vino la tragedia: tres indígenas asesinados en una presunta emboscada. Entre ellos, un adolescente de 15 años.
La gravedad del caso fue tal que organismos internacionales voltearon a ver a Puebla. En aquel momento, oficinas y relatorías de derechos humanos de la ONU condenaron la violencia contra los indígenas de Coyomeapan y exigieron garantizar justicia, protección y respeto a los derechos de las comunidades indígenas.
Ni siquiera eso bastó.
Y, aun así, nadie pagará.
Los diez expolicías hoy están libres.
Jamás se investigó a los autores intelectuales.
Y los operadores políticos del conflicto siguen en posiciones de poder.
Esa es la verdadera obscenidad del caso.
Mientras las familias de las víctimas cargan cuatro años de dolor, quienes fueron señalados políticamente continúan protegidos por las estructuras del poder. Peor aún, buscan mantenerse vigentes bajo las siglas de Morena, como si Coyomeapan jamás hubiera ocurrido.
La impunidad en Puebla ya ni siquiera intenta disimularse. Se normalizó.
En la Sierra Negra la realidad es otra. Allá, tres campesinos indígenas fueron asesinados por enfrentar al poder político local. Y cuatro años después, el Estado les dice a sus familias que no pudo, no supo o no quiso hacer justicia.
En cualquier democracia seria, un caso así habría provocado renuncias, investigaciones profundas y responsabilidades políticas inmediatas.
Aquí no. Aquí el crimen quedó impune. Los muertos olvidados. Y el poder siguió intacto. @analisistv
Un comentario
Nuevamente la ineptitud de las autoridades junto con la corrupción son los factores que rigen en este gobierno