Por Carlos Clemente
El gobierno federal devolvió oficialmente a la Guardia Nacional facultades de tránsito en carreteras y puentes federales. El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se vende como una medida para reforzar la seguridad vial y ordenar el autotransporte.
Pero detrás del discurso oficial aparece un fantasma que México conoce demasiado bien: discrecionalidad y corrupción.
La reforma permite a la Guardia Nacional detener vehículos, aplicar multas, revisar documentos, realizar inspecciones, practicar pruebas de alcoholemia y hasta remitir unidades al corralón federal.
Hay un punto especialmente delicado: las órdenes de los agentes estarán por encima de señales, semáforos y reglas ordinarias de circulación. En otras palabras, el criterio del elemento se convierte en ley en plena carretera.
Además, desacatar instrucciones puede derivar en multas superiores a los 5 mil pesos, y en ciertos casos, hasta en la puesta a disposición ante el Ministerio Público.
El problema no es únicamente jurídico. Es histórico.
México ya vivió los tiempos de la Policía Federal de Caminos: retenes arbitrarios, amenazas disfrazadas de revisiones y extorsiones convertidas en rutina para automovilistas y transportistas.
Por eso la preocupación no es menor. Cuando una corporación puede detenerte, inspeccionarte, multarte y decidir si tu vehículo termina en el corralón, el margen para el abuso crece automáticamente.
Y la contradicción resulta evidente.
Si la Guardia Nacional ha sido incapaz de frenar la violencia y los asaltos en autopistas como la México-Puebla-Veracruz, cuesta trabajo creer que más facultades vayan a traducirse en “seguridad”.
Los ciudadanos no sienten que regrese el orden.
Advierten el regreso de “mordidas”, extorsiones y más corrupción en las carreteras. @analisistv
Un comentario
Otra vez le dan la oportunidad a la gendarmería de robar con charolazo, ni modos otra más de la 4T