Por Carlos Clemente
El doble homicidio del matrimonio Tello Ruíz no solo exhibe la brutalidad del crimen. Expone algo igual de grave: la fractura entre dos fiscalías que deberían coordinarse, no confrontarse.
Las versiones chocan. Las inconsistencias crecen. Y mientras Puebla y Tlaxcala cruzan declaraciones, la verdad se diluye.
La confrontación comenzó cuando la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, habló de una línea por delincuencia organizada. Tlaxcala respondió de inmediato: esa hipótesis no existe en su carpeta. Su vocero, Antonio Martínez Velázquez, calificó la declaración como precipitada y recordó lo jurídicamente correcto: la investigación la encabeza Tlaxcala, donde ocurrió el crimen, aunque los cuerpos hayan sido hallados en Chignahuapan.
Formalmente pueden tener razón. Institucionalmente, el daño está hecho.
Llama la atención el énfasis de Tlaxcala en descartar la delincuencia organizada y en subrayar que no trabajan bajo presión mediática. Y es cierto: la presión no está allá.
La presión está en Puebla.
Las víctimas eran poblanas.
Los tres hijos huérfanos están aquí.
Lo que debía ser coordinación es hoy una disputa pública. Lo que exigía estrategia conjunta terminó en guerra de versiones.
Y mientras las fiscalías se corrigen entre sí, la justicia se detiene.
No es un pleito de competencias. Es una falla en la procuración de justicia.
Aquí no importa quién gana el debate mediático.
Importa quién va a esclarecer el doble crimen.
Porque cuando las instituciones de dos estados que comparten zonas limítrofes se enfrentan, los únicos que pierden son las víctimas. @analisistv
