Por Jesús Ramos
En el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula no se fugan los presos, se fugan las prioridades. La alcaldesa Tonantzin Fernández tuvo el año pasado 34 millones de pesos que no supo o no quiso gastar donde más falta hacían.
Suficientes para contratar custodios especializados, reforzar turnos, profesionalizar la vigilancia, modernizar accesos y salidas, instalar tecnología básica que impida que un interno salga caminando como se sale de un cine. Pero no.
El dinero terminó orientado a la Secretaría de Gobernación municipal. Porque en este país siempre es más urgente la política que la seguridad, más importante la narrativa que los barrotes que resguardan criminales y ladrones.
Y así, cuando el interno Ernesto Castellanos Bernal decidió irse sin permiso, no hizo magia ni escavó túneles estilo el Chapo Guzmán, aprovechó lo que todo preso entiende mejor que cualquier alcalde, el descuido.
Después vino el escándalo, y cuando el escándalo aparece, el Estado reacciona, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, a través del Sistema Penitenciario estatal, tuvo que intervenir y reubicar de inmediato a 30 reos de alta peligrosidad para evitar otras fugas.
Es decir, el Estado hizo lo que el municipio no previo, treinta internos trasladados al penal de Tepexi de Rodríguez porque Tonantzin no gastó lo que debía gastar en la seguridad de su penal, porque el penal de San Pedro Cholula es responsabilidad de la alcaldesa morenista.
El problema no es que haya ocurrido una fuga, las cárceles del país son laboratorios de errores públicos. El asunto aquí es que había recursos suficientes y se decidió quitárselos al penal para dárselos a una dependencia netamente política.
Los antecedentes del penal de San Pedro Cholula en materia de seguridad son oscuros, en los últimos 15 años se han fugado 14 reos mientras fueron gobiernos municipales Dolores Parra, Paola Angón y ahora Tonantzin Fernández. Las tres ediles reincidieron en el mismo error, falta de personal especializado y negligencia en vigilancia.
En política municipal suele creerse que los penales son asuntos menores, rincones incómodos que nadie quiere visitar en campaña. Pero el penal es el termómetro del orden, si ahí falla la vigilancia, todo lo demás es discurso.
La alcaldesa tuvo el dinero en la mano el año pasado. Pudo contratar más custodios. Pudo reforzar la seguridad. Pudo anticiparse. No lo hizo. Y cuando el dinero no se invierte en prevención, se paga en crisis. @analisistv
