Por Luis Camacho
Las irregularidades en la obra pública de la administración de Eduardo Rivera ya no solo persiguen a quienes construyeron mal, sino a quienes, por ley, debieron vigilar que el dinero de los poblanos se tradujera en infraestructura de calidad.
Así lo reveló Leobardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Movilidad e Infraestructura, quién aseguró que los expedientes abiertos en 2025 contra la pasada gestión panista han puesto bajo la lupa a los órganos de control interno.
El también regidor morenista señaló que la acusación es clara, una omisión sistemática que permitió la entrega de infraestructura pública con graves deficiencias de calidad.
Precisó que el epicentro del caso es la rehabilitación de la Avenida 5 B Sur, una obra que costó 30 millones de pesos y que de manera inverosímil, se vio afectada poco después de nacer.
Afirmó que la aparición masiva de baches en una vialidad recién entregada obligó a la Contraloría Municipal a actuar de oficio dónde la responsabilidad legal no se queda en la dependencia ejecutora.
En ese sentido indicó que la responsabilidad ya no se limita exclusivamente a la Secretaría de Infraestructura, sino que se extiende a la Contraloría de la gestión pasada por validar obras de «corta vida útil».
El regidor informó que la etapa de los dictámenes técnicos y legales está por concluir, por lo que una vez cerrados estos expedientes, se darán a conocer los nombres de los exfuncionarios involucrados.
Asimismo, afirmó que se procederá con las sanciones por el daño patrimonial causado a la ciudad con el impacto económico de tener que intervenir nuevamente infraestructuras que deberían estar en óptimo estado.
