Por Carlos Clemente
En México —y Puebla no es la excepción— la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales dejó de ser sospecha para convertirse en una realidad incómoda. Tan real, que hoy las autoridades estatales admiten que existen investigaciones en curso contra alcaldes en funciones, cuyas administraciones habrían servido más a la delincuencia que a los ciudadanos.
La declaración del coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, no fue una frase al aire ni un desliz retórico. Fue un mensaje claro, directo y con destinatarios definidos. No uno, sino varios presidentes municipales saben que están bajo la lupa. Y saben por qué.
El problema ya no es solo cuidar el manejo del presupuesto o vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos. Hoy, en muchos municipios, es necesario hacer marcaje personal a los alcaldes para evitar que terminen —o sigan— coludidos con el crimen organizado.
Lamentable, pero a ese nivel ha permeado la delincuencia en las estructuras del poder local.
El caso más reciente es el del alcalde destituido de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, acusado de secuestro, extorsión, posesión y distribución de droga. Nada menor. Nada aislado. Un catálogo criminal que retrata con crudeza el tamaño del problema.
Llama la atención, por cierto, el silencio de su madrina política, protectora y aliada permanente: la senadora del Partido del Trabajo, Liz Sánchez. El mutismo también es una forma de complicidad.
En Puebla ya son cinco los presidentes municipales que han tenido que enfrentar a la justicia por sus vínculos con el crimen organizado. Casos como San Nicolás Buenos Aires y Ciudad Serdán no dejan lugar a dudas: los delitos están acreditados y los hechos documentados.
Y vienen más. De acuerdo con el propio funcionario estatal, este año podrían conocerse nuevos casos de autoridades municipales que fallaron de manera estrepitosa y sucumbieron ante los encantos —y amenazas— de la delincuencia organizada.
Actuar contra alcaldes es necesario, pero, ¿qué hay de los delegados regionales, diputados locales y federales, e incluso senadores, que conocen el comportamiento de estos presidentes municipales y han optado por un silencio cómodo y cómplice?
Sin importar la cercanía de los procesos electorales, la autoridad tiene la obligación de actuar con firmeza y sin distingos partidistas.
Quien haya traicionado al pueblo y pervertido el mandato del voto popular, que responda ante la justicia. No es revancha política. Es una exigencia ciudadana. @analisistv
Un comentario
Siguen siendo los gobiernos municipales y estatales los mejores aliados y socios comerciales para los delincuentes, que dejen de justificar los alcaldes con su ineficiencia para combatir la inseguridad en todos el estado, cuando realmente exista un gobierno que ponga orden entonces sí creeremos que hay un cambio y sus porquerías de promesas de campaña 🤬