Por Jesús Ramos
La omisión es grave, 216 presidentes municipales, prácticamente todo el estado, salvo Puebla capital, ha ignorado hasta la fecha publicar sus respectivos presupuestos de egresos 2026 sin que el Congreso se haya dado cuenta de ello.
No es un asunto menor ni un simple retraso administrativo, estamos a dos meses de que concluya el año y los alcaldes han echado mano de 28 mil 129 millones de pesos a su antojo ocultando la obligatoriedad de la rendición de cuentas.
El artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal obliga a los ediles a publicar sus presupuestos de egresos cinco días después de que sus cabildos aprobaron las leyes de ingresos correspondientes. Cinco días, no diez meses después.
Sin embargo, estamos por agotar el 2026 sin que los 216 municipios cumplieran cabalmente, sin que el Congreso del Estado los fustigara, conminara o les enviara un extrañamiento para que lo hicieran.
Los alcaldes podrán argumentar lo que quieran, pero el Legislativo no puede decir que no sabía o que no notó que los presupuestos no fueron publicados. Esa es precisamente una de sus responsabilidades, revisar que los municipios cumplan con el marco jurídico que regula el ejercicio del dinero público.
El tamaño real del problema no se limita a justificar que los ediles lo olvidaron. Son más de 28 mil millones de pesos cuyo gasto quedó totalmente en el limbo con la mala fama que tienen los presidentes municipales, dispusieron de él a su antojo.
Recursos que los ayuntamientos ejercen, modifican, amplían y redistribuyen durante el año fiscal, mientras los ciudadanos carecen de herramientas para saber con precisión cuánto se presupuestó, cuantó se modificó, cuantó se gastó y en qué se fue el dinero.
Estamos en el décimo mes del año y nadie tiene el mapa financiero del gasto de 216 presidentes municipales. Al no estar publicados resulta difícil corroborar si cuadran las finanzas aprobadas por el cabildo, bajo qué criterios se usaron las ampliaciones presupuestales y si los recursos terminaron para lo que fueron etiquetados.
Durante el año aparecen ampliaciones presupuestales por cientos de millones de pesos. Se modifican partidas. Se quita de un lado para poner dinero en otro sitio. Se reasignan recursos. Se contratan servicios y obras. Se pagan nóminas, proveedores, deudas y compromisos.
Todo eso requiere vigilancia. Pero cómo vigilar adecuadamente el ejercicio de 28 mil 129 millones de pesos si los presupuestos que deberían servir de punto de partida no existen.
Aquí el problema deja de ser municipal para convertirse en un problema del Poder Legislativo. Y aquí están los responsables de semejante omisión, Pável Gaspar, Guadalupe Vargas, Miguel Márquez y Julio Leopoldo de Lara, titulares de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Secretaría General.
El apagón fue generalizado, 216 de 217 ayuntamientos no publicaron en el Periódico Oficial sus respectivos presupuestos de egresos 2026. Una cosa es que publiquen en sus portales de transparencia lo aprobado por sus cabildos y otra muy distinta que cumplan con la Ley Orgánica.
Es la primera ocasión en la historia de Puebla que sucede una tontera jurídica de esta naturaleza, todo el mapa municipal poblano aparece incumpliendo simultáneamente con esta obligación. ¿216 ediles se pusieron de acuerdo para ignorar la ley? Igual y no.
