Por Luis Camacho
El anuncio del megaproyecto inmobiliario y comercial en el Paseo de San Francisco, encabezado por Grupo Carso con una inversión histórica de 4 mil millones de pesos, ha desatado una pugna política y mediática en la capital.
Apenas se dieron a conocer las cifras y maquetas del proyecto sobre un terreno de 45 mil 093 metros cuadrados, voces alineadas al gabinete estatal comenzaron a articular una narrativa de oposición social.
Los posicionamientos oficiales y mensajes difundidos en redes sociales desacreditan la obra del Ayuntamiento, catalogándola como una amenaza de gentrificación y un riesgo para los barrios fundacionales de Puebla.
A esta estrategia se sumaron publicaciones de la administración estatal señalando que «Puebla no está en venta» y que la inversión merece reservas ante los impactos urbanos.
En ese sentido, se acusa a la intervención inmobiliaria de buscar transformar el Centro Histórico en un «gran negocio de élite», desplazando a las familias que históricamente han habitado la zona.
La administración gubernamental insiste en proteger a los pequeños negocios locales de los barrios fundacionales frente a la llegada masiva de grandes consorcios comerciales.
A esto se le suma el desabastecimiento de agua en la capital, recordando que el propio gobierno atiende de forma emergente a miles de familias para cuestionar la viabilidad y sensibilidad social de construir cientos de departamentos nuevos.
Asimismo se exige detener cualquier acción que altere la arquitectura tradicional, capitalizando la reciente vulnerabilidad del Centro Histórico tras las inundaciones sufridas en la zona.
