Por Carlos Clemente
Siete años han pasado desde que se decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Puebla. Siete años para implementar medidas de seguridad, prevención y justicia. Siete años para construir políticas públicas y atender una emergencia que no admite simulaciones.
Y el resultado es vergonzoso.
Al día de hoy, 48 de los 50 municipios de Puebla que cuentan con esta declaratoria se encuentran en incumplimiento total o parcial de las 45 medidas establecidas. Solo dos municipios, Puebla capital y Tlacotepec de Benito Juárez, han cumplido íntegramente.
El dato no necesita maquillaje.
Hay 16 municipios con cumplimiento nulo o rezago crítico. Otros 18 no llegan siquiera al 50 por ciento de avance. Y 14 más, aunque superan ese porcentaje, todavía arrastran acciones pendientes y observaciones.
Es decir, prácticamente todo el mapa municipal de la Alerta de Violencia de Género está marcado por el incumplimiento.
Y aquí aparece la responsabilidad de los alcaldes.
No se trata de una recomendación, de una sugerencia o de un trámite administrativo que pueda quedarse en un escritorio. Las medidas forman parte de una declaratoria oficial y su incumplimiento está considerado una falta administrativa grave.
La propia autoridad estatal ya advirtió que puede haber amonestaciones, inhabilitaciones y observaciones de la Auditoría Superior del Estado.
¿Qué parte no han entendido las autoridades municipales?
Porque mientras las mujeres enfrentan violencia en sus hogares, en las calles y en sus comunidades, hay ayuntamientos que ni siquiera pueden acreditar presupuestos con perspectiva de género, unidades de atención inmediata o sistemas municipales para prevenir y erradicar la violencia.
Eso no es solamente ineficiencia.
Es una brutal omisión institucional.
Y cuando esa omisión se mantiene durante años, pese a una alerta formal y a advertencias de la autoridad, resulta difícil sostener que el problema simplemente no fue atendido.
La violencia contra las mujeres parece seguir ocupando un lugar secundario en las saturadas agendas municipales.
Este viernes 25 de septiembre, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres presentará el nuevo corte de cumplimiento.
Ahí tendrá que verse algo más que una lista de pendientes.
Tendrá que quedar claro quién cumplió, quién no cumplió y quién decidió ignorar sus obligaciones.
Proteger a las mujeres y prevenir la violencia, es una obligación legal. Y para 48 ayuntamientos, hasta ahora, esa obligación ha sido ignorada.
Los 16 municipios con cumplimiento nulo o rezago crítico:
Acatlán, Acatzingo, Amozoc, Calpan, Chiautla, Chignahuapan, Cuetzalan del Progreso, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Los Reyes de Juárez, Oriental, Tecamachalco, Tepanco de López, Tepeyahualco, Tlaltenango y Tlaola.
Municipios con menos del 50% de avance o rezago alto, suman 18:
Acajete, Ajalpan, Atempan, Chietla, Coronango, Cuautlancingo, Huauchinango, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Libres, Ocoyucan, Palmar de Bravo, San Gabriel Chilac, San Salvador El Seco, Santiago Miahuatlán, Tepatlaxco de Hidalgo, Tlapanalá y Zoquitlán.
Los últimos 14 municipios registran avances superiores al 50% pero mantienen acciones pendientes y observaciones:
Atlixco, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tecali de Herrera, Tehuacán, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zacatlán y Zaragoza. @analisistv
Un comentario
Deberían de hacer leyes que realmente funcionen y que las pongan en práctica y no solo las utilicen para hacer propaganda política