Por Anahí Valdez
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) rechazó haber incurrido en omisiones respecto a la protección del predio La Virgen —ubicado en la zona arqueológica de San Andrés Cholula— tras la difusión de reportes sobre el uso de este espacio como resguardo de pipas del programa estatal “Agua para el Bienestar”.
Frente a los seccionamientos de opinión que señalaban falta de intervención para la custodia del terreno, la dependencia federal precisó que en junio formalizó la suspensión de trabajos en el área al comprobar la existencia de vestigios arqueológicos protegidos por la normativa federal.
Respecto a la permanencia de las unidades de la Secretaría de Bienestar en las inmediaciones de la Gran Pirámide, el instituto indicó que gestionó con la administración estatal el retiro de la maquinaria y los vehículos para prevenir eventuales afectaciones al suelo histórico.
Esta aclaración coincide con la resolución dictada dentro del juicio de amparo 1343/2026 por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, instancia que instruyó a las autoridades al desalojo de las cisternas móviles a petición de los promoventes.
El recurso legal fue promovido por colectivos e investigadores locales ante la delimitación del polígono protegido y el destino operativo que dependencias de la entidad otorgaron al inmueble patrimonial.
Los antecedentes documentan que el 23 de junio el INAH colocó los sellos de suspensión en el predio situado en la intersección de 10 Norte y 16 Poniente, luego de registrar la presencia de cerca de 60 unidades y la realización de maniobras con maquinaria pesada.
En esa misma fecha, vecinos del sector reportaron movimientos de tierra y la colocación de balastro para adecuar el tránsito de transporte de gran tonelaje dentro del terreno.
Sobre el origen del recurso hídrico, la titular de la Secretaría de Bienestar estatal, Laura Artemisa García Chávez, declaró que el insumo no era extraído de pozos de la zona cholulteca, aunque reconoció el uso del predio como encierro para la flota vehicular.
Tras la colocación de los sellos de clausura, la funcionaria argumentó en entrevista que las medidas de la autoridad federal aplican de manera específica para el desarrollo de obras de construcción e infraestructura, y no para el estacionamiento de unidades automotrices.
