Por Carlos Clemente
La propuesta de aplicar pruebas antidoping a quienes aspiren a un cargo de elección popular no debería generar escándalo. Debería generar sentido común.
El gobernador Alejandro Armenta hizo bien en retomarla y, mejor aún, en ofrecerse voluntariamente a someterse a la prueba. Es un mensaje político que vale la pena respaldar: quien pretende gobernar, debe estar dispuesto a demostrar que está en condiciones de hacerlo.
Pero la propuesta se queda corta si sólo mira hacia las candidaturas.
¿Por qué esperar hasta 2030? ¿Y por qué únicamente a los que quieren llegar, si también podría aplicarse a quienes ya llegaron?
Gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y federales, todos deberían someterse periódicamente a pruebas toxicológicas. No como espectáculo político, sino como un mecanismo de transparencia y confianza pública.
Porque los ciudadanos hemos tenido que soportar autoridades cuyas decisiones, conductas y escándalos dan miedo.
¿Cuántos políticos no habrían llegado a la boleta y cuántos gobernantes no habrían llegado al cargo si estos filtros se hubieran implementado antes?
No lo sabremos.
Lo que sí sabemos es que la política no puede convertirse en refugio de personas vinculadas con adicciones, delincuencia o intereses criminales.
El antidoping no resolverá por sí solo la corrupción ni garantizará buenos gobiernos. Pero puede ser un filtro más.
Si ya se exigen cartas de no antecedentes, declaraciones patrimoniales y otros requisitos, tampoco debería parecerles excesivo pedir algo tan elemental como saber en qué condiciones físicas y mentales llega una persona a pedir el voto para gobernar.
Si la regla va a existir, que sea para todos.
Candidatos, sí. Pero también gobernadores, alcaldes y legisladores en funciones. @analisistv
