Por Jesús Ramos
La sentencia sobre Guadalupe Bárcenas ya fue dictada y hoy se le acaban las horas como alcaldesa de Acatlán de Osorio. En reunión de alto nivel de este día, Alejandro Armenta, Pável Gaspar y Samuel Aguilar encuadrarán su sustitución por el Concejo Municipal.
Diseñarán el marco legal, dictamen y el procedimiento parlamentario. El reloj corre desde este viernes y, a más tardar, la semana entrante los diputados la destituirán para dar paso a la integración del concejo que permita restablecer el orden constitucional que convirtió a la perla de la Mixteca en cena de caníbales.
El conflicto político, la tensión social y la ingobernabilidad del municipio son ya un lío grave para el Estado. Y cuando un ayuntamiento deja de ser un asunto local para elevarse a preocupación de gobierno, el desenlace resulta inevitable.

A lo político se le suman a Bárcenas las observaciones administrativas. La auditoría practicada por el órgano fiscalizador no incluyó las obras fantasmas que fueron pagadas, pero no ejecutadas durante el 2026. Sin embargo, sí aparecen quebrantos relacionados con el ejercicio millonario del 2025 por falta de soporte documental.
Este arroz ya se coció, Guadalupe Bárcenas para efecto práctico hoy dejará de ser presidenta municipal. La historia enseña que cuando confluyen ingobernabilidad, auditorías y desgaste institucional, lo que sigue es la salida por la puerta de la vergüenza.
Acatlán no es el único municipio que preocupa al Estado. En Atlixco, los tiros apuntan hacia algo todavía más delicado. La detención del secretario de Seguridad Antonio Hernández Pacheco, insinúa presuntos vínculos con estructuras criminales relacionadas con el narcomenudeo y delitos del alto impacto.


Las preguntas que se formulan en las oficinas del poder son, ¿por qué la resistencia de la alcaldesa Ariadna Ayala Camarillo a incorporar un mando de la Marina al área de la seguridad? ¿Qué razones explican esa negativa en un contexto donde la estrategia estatal privilegia la coordinación con las fuerzas federales?


La sospecha justa o injusta es ya un problema para Ariadna por la férrea defensa que hizo de Hernández Pacheco desde que inició su administración en 2024. Y como si el desafío de la inseguridad no bastara, enfrenta también observaciones administrativas por más de cien millones de pesos de un solo año contable. No son cifras menores, son números que han abierto expedientes.
Ariadna, como puede verse, enfrenta dos situaciones bastante peligrosas, una de inseguridad y la otra administrativa. Dos tormentas que le hicieron un remolino que la puede tragar.











