Por Carlos Clemente
La autopista México-Puebla se ha convertido en el escenario donde estallan conflictos que las autoridades de distintos niveles dejaron crecer. Cada bloqueo es una postal del fracaso institucional: problemas que nadie resolvió a tiempo terminan afectando a miles de personas que nada tienen que ver con el origen de la protesta.
En lo que va de 2026, al menos seis bloqueos de gran magnitud han paralizado el tramo entre San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan. Las causas cambian, pero el fondo es el mismo: exigencias de justicia, búsqueda de personas desaparecidas, pago de tierras expropiadas o reclamos por investigaciones que simplemente no avanzan.
Cuando el Estado no escucha, algunos ciudadanos deciden hacerse escuchar cerrando la carretera más importante del país.
Nada justifica condenar a miles de personas a permanecer varadas durante horas. Tampoco es aceptable que enfermos no lleguen a un hospital, trabajadores pierdan su jornada laboral, familias queden atrapadas en el camino o empresas absorban pérdidas millonarias. Los bloqueos castigan a una sociedad que también es víctima.
Pero reducir el problema a la protesta es superficial. El verdadero origen está mucho antes del primer vehículo detenido. Está en expedientes olvidados, en investigaciones estancadas, en promesas incumplidas y en gobiernos que reaccionan únicamente ante la presión social.
El bloqueo de este miércoles lo volvió a demostrar. Durante seis horas, habitantes de Santa María Moyotzingo cerraron ambos sentidos para exigir la búsqueda inmediata de una mujer de 34 años desaparecida desde hacía seis días. Después del cierre hubo atención, diálogo y reflectores. Ese patrón se repite con preocupante frecuencia.
La normalización del bloqueo carretero es, en realidad, la normalización de la incapacidad gubernamental. Cada bloqueo envía un mensaje devastador: sólo quien colapsa una vía estratégica consigue ser escuchado, antes no.
Y mientras esa lógica prevalezca, la autopista México-Puebla seguirá siendo rehén de conflictos que nunca debieron llegar al asfalto.
El costo lo pagan transportistas, comerciantes, empresas y ciudadanos. Cada bloqueo confirma que, para muchos, la ley dejó de ser el camino y la presión se convirtió en el único recurso para obtener respuesta. @analisistv
Un comentario
Solo así las autoridades se ponen a trabajar, por que a ellos no les interesa el que se cierren las carreteras y perjudiquen a terceros.