Alcaldes en entredicho: las crisis de Huejotzingo y Acatlán

Por Carlos Clemente

Proteger, encubrir, retrasar investigaciones o simplemente mirar hacia otro lado desde el poder público nunca ha sido una fórmula que le convenga a Puebla.

Mucho menos cuando existen señalamientos concretos que ponen bajo escrutinio el actuar de autoridades municipales como Roberto Solís, en Huejotzingo, y Guadalupe Bárcenas, en Acatlán de Osorio.

Lo preocupante no es únicamente la gravedad de los casos. Lo alarmante es la aparente pasividad institucional frente a ellos.

En Huejotzingo, la localización de un tractocamión con reporte de robo dentro de un corralón que operaba con autorización municipal abrió una serie de cuestionamientos que Solís Valles no ha podido responder.

Si el sitio carecía de los registros correspondientes ante las autoridades estatales, ¿cómo pudo funcionar durante tanto tiempo sin que el gobierno municipal lo detectara?

Resulta difícil creer que una instalación de ese tamaño pasara inadvertida para inspectores, funcionarios y policías. En cualquier colonia, un vecino que construye una barda recibe visitas inmediatas de inspectores. Pero un corralón irregular operó sin obstáculos hasta que apareció vinculado a un hecho delictivo.

El problema es todavía más delicado porque ocurre en una región golpeada históricamente por el robo de transporte de carga. Por ello, los cuestionamientos ya no recaen únicamente sobre la legalidad del inmueble, sino sobre la capacidad del gobierno municipal para vigilar su territorio.

Tras los hechos, surgió el nombre de Bonifacio Méndez Téllez, dueño grúas que operan en la región, es amigo cercano y financiero de Solís valles.

Cuando la autoridad no puede explicar lo que ocurre bajo su propia supervisión, la confianza ciudadana comienza a derrumbarse.

En Acatlán, el escenario tampoco es menor. La solicitud de destitución de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas, aprobada por integrantes del Cabildo, exhibe una crisis política que ha dejado de ser un asunto interno.

A los señalamientos de nepotismo, confrontación y desgobierno, ahora se suman denuncias sobre presuntas amenazas contra regidores atribuidas al secretario de Seguridad Pública municipal, Juan Alberto Domínguez López, quien además mantiene una relación sentimental con la presidenta municipal. Mientras el conflicto escala, la respuesta institucional parece avanzar a paso de tortuga.

El riesgo para el gobierno estatal no está únicamente en los alcaldes cuestionados. El verdadero costo político surge cuando la percepción pública comienza a instalar la idea de que existe protección, tolerancia o indiferencia frente a conductas de alcaldes que exigen investigación y transparencia.

Puebla necesita autoridades que esclarezcan, no que administren crisis; que actúen, no que ganen tiempo. Pareciera que solo interesa contener escándalos y no resolverlos.

El poder no se desgasta por investigar a los suyos; se desgasta cuando los ciudadanos concluyen que para algunos funcionarios la ley se aplica y para otros simplemente se administra. @analisistv